Toma de postura: coto a las especies invasoras

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Las principales ONG ambientales defienden que se mantenga el decreto de especies invasoras

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de degradación de los ecosistemas. La liberación, accidental o voluntaria, y posterior expansión de especies foráneas pone en serio peligro la biodiversidad de la Tierra tal y como la conocemos.
El conocimiento aportado por innumerables trabajos científicos en la materia ha dado lugar a que la lucha contra las especies invasoras se haya trasladado a diversas normas vigentes en España desde hace más de tres décadas, que fruto de los compromisos internacionales y de la creciente problemática ha desembocado en la aprobación del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras el pasado otoño.
Aun siendo muy mejorable, este Real Decreto es un avance para afrontar un problema de primer nivel, de muy difícil control en muchos casos y que causa importante daños no sólo ambientales, sino también económicos y sanitarios. Supone el primer intento serio de poner coto a la introducción y expansión de especies exóticas invasoras y de, si es posible, paliar sus perniciosos efectos, especialmente en el medio acuático.
A pesar de la certeza científica del daño que causan y del reconocimiento legal del problema, están surgiendo voces que piden la derogación del Real Decreto por afectar a determinadas actividades que se benefician del comercio o la extracción de algunas especies exóticas con reconocido carácter invasor. Es el caso del siluro, el black-bass, el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa, el hucho, los cangrejos exóticos, el lucio, el alburno, las variedades exóticas de trucha común y esturión, el arrui, el muflón, el visón americano, el mapache o el jacinto de agua, entre otras. No es de recibo que los sectores de la acuicultura, de la pesca y la caza intensivas o de las tiendas de animales quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a otras fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se pueden dar plazos para una transformación racional de estas actividades.
Entendemos que a pesar de sus deficiencias, el Real Decreto de Especies Invasoras es un buen comienzo para atajar los perjuicios provocados por estas especies. Por tanto, solicitamos a los responsables públicos que redoblen sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma y para ampliar su objeto de aplicación de modo progresivo, invirtiendo el dinero dilapidado en fomentar las especies exóticas en afianzar la restauración del hábitat y la recuperación de las especies autóctonas, muy perjudicadas por las invasiones biológicas. Entre las mejoras que debiera incorporar el Real Decreto en su desarrollo están la del aumentar las medidas preventivas que eviten las sueltas, voluntarias o no, y la de evitar sacrificios de animales, promoviendo la captura en vivo de las especies exóticas existentes en el medio natural.
Por último, recordamos que la liberación de especies exóticas invasoras fue tipificada como delito por el Código Penal de 1995, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía ambiental, y que la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 obliga a pagar por los daños económicos que causan.
Ríos con Vida, Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Unipesca, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, Asociación Ibérica de Limnología.

Fuente: El País
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La Junta de Castilla y León adopta la “estrategia del cangrejo” y anuncia que impugnará el Real Decreto sobre EEI

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Antonio Silván, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha recientemente declarado a la prensa que la Junta ha iniciado los trámites para impugnar el  Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, a fin de “que se adecúe a la realidad piscícola” de Castilla y León. Según el Consejero, el Real Decreto habría sido aprobado con “nocturnidad y alevosía”, habiéndose quedado “tristemente sorprendido por la aprobación de un decreto al que se oponían todas las comunidades autónomas”. Según se desprende de sus declaraciones, el Gobierno anterior había transmitido que iba a dejar el decreto sobre la mesa puesto que consideraba “improcedente aprobarlo cuando iba a ser otro Gobierno el que iba a desarrollarlo” (Fuente: ABC).
 
Si esto fuera cierto ¿cuánto se hubiera tenido que esperar antes de poder disponer de una herramienta orientada a combatir las especies exóticas invasoras que, como es noto, no sólo perjudican al medio ambiente sino también a la economía y a la sanidad?
Cabe preguntarse, además, a qué viene tanta sorpresa si el propio Partido Popular al que pertenece el señor Silván apoyó  en el Senado (en junio de 2011) una moción (662/000186) presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por la que se instaba al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez posible la aprobación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Por otra parte fuentes de la Consejería han revelado que la aprobación del Real Decreto ha "pillado de sorpresa" a la Junta de Castilla y León. De hecho, la Junta había publicado en noviembre la orden FYM/1493/2011, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de Castilla y León para el año 2012, en la que incluían como especies pescables la trucha arco iris, el hucho y el salvelino (Fuente: El Mundo).
Nótese, sin embargo, que la fecha de aprobación del Real Decreto (14 de noviembre) es anterior a la aprobación y publicación de la orden FYM/1493/2011 (23 y 29 de noviembre respectivamente).

Sin querer abrazar lógicas e ideologías de ningún partido (el medio ambiente es de todos) y aún conscientes de que el Real Decreto precisa de una serie de mejoras, expresamos desde esta tribuna toda nuestra preocupación tanto por la iniciativa anunciada por el Señor Silván y la Junta de Castilla y León como por las formas de llevarla a cabo.   
 
Por el momento, el Real Decreto sigue vigente aunque la parte impugnante podrá solicitar su suspensión. Por otra parte, cabe también la posibilidad de que el Real Decreto sea modificado ad hoc  o incluso derogado.
 
Habrá que vigilar como evoluciona el asunto para evitar que la Administración adopte la “estrategia del cangrejo” (invasor por supuesto): andar un paso adelante  y dos hacia atrás.
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