Antonio Silván, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha recientemente declarado a la prensa que la Junta ha iniciado los trámites para impugnar el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, a fin de “que se adecúe a la realidad piscícola” de Castilla y León. Según el Consejero, el Real Decreto habría sido aprobado con “nocturnidad y alevosía”, habiéndose quedado “tristemente sorprendido por la aprobación de un decreto al que se oponían todas las comunidades autónomas”. Según se desprende de sus declaraciones, el Gobierno anterior había transmitido que iba a dejar el decreto sobre la mesa puesto que consideraba “improcedente aprobarlo cuando iba a ser otro Gobierno el que iba a desarrollarlo” (Fuente: ABC).
Si esto fuera cierto ¿cuánto se hubiera tenido que esperar antes de poder disponer de una herramienta orientada a combatir las especies exóticas invasoras que, como es noto, no sólo perjudican al medio ambiente sino también a la economía y a la sanidad?
Cabe preguntarse, además, a qué viene tanta sorpresa si el propio Partido Popular al que pertenece el señor Silván apoyó en el Senado (en junio de 2011) una moción (662/000186) presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por la que se instaba al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez posible la aprobación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Por otra parte fuentes de la Consejería han revelado que la aprobación del Real Decreto ha "pillado de sorpresa" a la Junta de Castilla y León. De hecho, la Junta había publicado en noviembre la orden FYM/1493/2011, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de Castilla y León para el año 2012, en la que incluían como especies pescables la trucha arco iris, el hucho y el salvelino (Fuente: El Mundo).
Nótese, sin embargo, que la fecha de aprobación del Real Decreto (14 de noviembre) es anterior a la aprobación y publicación de la orden FYM/1493/2011 (23 y 29 de noviembre respectivamente).
Sin querer abrazar lógicas e ideologías de ningún partido (el medio ambiente es de todos) y aún conscientes de que el Real Decreto precisa de una serie de mejoras, expresamos desde esta tribuna toda nuestra preocupación tanto por la iniciativa anunciada por el Señor Silván y la Junta de Castilla y León como por las formas de llevarla a cabo.
Por el momento, el Real Decreto sigue vigente aunque la parte impugnante podrá solicitar su suspensión. Por otra parte, cabe también la posibilidad de que el Real Decreto sea modificado ad hoc o incluso derogado.
Habrá que vigilar como evoluciona el asunto para evitar que la Administración adopte la “estrategia del cangrejo” (invasor por supuesto): andar un paso adelante y dos hacia atrás.
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