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El pasado mes de junio el GEIB ya alertó a las autoridades que las disposiciones tomadas hasta la actualidad para el mejillón cebra, como la prohibición de utilizar a la especie como cebo, son insuficientes. Es además del todo irrazonable que las medidas de desinfección previstas sean únicamente de aplicación para la pesca del cangrejo señal y no para otros tipos de pesca en los cuales también se hace uso de equipamientos que pueden actuar como vector para la transferencia involuntaria del mejillón cebra. Se señaló también la necesidad de coordinarse con la Diputación Foral de Álava que ya había establecido la prohibición de la pesca en todas sus modalidades en la parte alavesa del Embalse del Sobrón.

Frente a la pasividad de las autoridades autonómicas y bajo el lema “Sobrón, en una escapada verás mejillones” el GEIB lanza, a través del blog http://geibenaccion.blogspot.com, una campaña de recolección de firmas para pedir a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que prohíba la pesca en todas sus modalidades en el embalse del Sobrón y en todos aquellos tramos libres o cotos situados en la cuenca del río Ebro con el fin de evitar la propagación del mejillón cebra a otras masas de agua.

Desde el GEIB se hace hincapié en que la toma de esta medida por parte de la Junta de Castilla y León no es una opción sino un deber para evitar que el mejillón cebra acabe con los ecosistemas acuáticos de la comunidad y por consecuencia con la pesca, además de acarrear consecuencias negativas para la industria (plantas potabilizadoras, centrales hidroeléctricas, etc.) y la agricultura (canales de riego, acequias, etc.) con cuantiosas pérdidas económicas.

Baste poner como ejemplo que según una estima realizada en 2005, el coste global de la invasión del mejillón cebra en la cuenca del Ebro podría alcanzar los 40 millones de euros en 2025. Sin embargo, esta cifra podría ser una subestima si se tiene en cuenta que en Estados Unidos el coste provocado por esta especie entre 1993 y 1999 superó los 5.000 millones de dólares, un 60 % de los cuales fue soportado por la industria eléctrica.

¿Asumirá entonces, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la plena responsabilidad de un desastre anunciado por no haber tomado las medidas de prevención adecuadas?

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